Textualmente el concepto de amnistía viene concebido como el “Perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores.” Partiendo de esta conceptualización, el termino está claro y no da lugar a interpretaciones de otro tipo, se trata de condonar la responsabilidad penal a personas que hayan sido o no, condenados en Sentencia firme, obteniendo, sencillamente, su perdón.

Es la principal diferencia con la figura del Indulto, mientras que este último condona las consecuencias penales a sus autores, habiendo sido condenados, la amnistía exime de responsabilidad a las personas sobre los que ha recaído, o no, sentencia; en este caso podríamos incluir a Puigdemont, sobre el que aún, no ha recaído responsabilidad penal alguna, a pesar de que podría haber cometido los mismos actos que el resto de condenados por el “Caso Procés”

La amnistía tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter muy extraordinario como el término de una guerra civil o un período de excepción». Se trata de una cesión para conseguir un bien mayor, como en el paso de un régimen autoritario a otro democrático. Una cuestión de hacer borrón y cuenta nueva.

Amnistías anteriores.

Mirando hacia atrás, nos daremos cuenta de que se han producido cuatro amnistías, una de ellas creó la Ley de Amnistía de 1977 y las tres restantes equivalen a amnistías fiscales. Esta ley afectaba a todos los presos con delitos y faltas cometidas antes de su promulgación. Está considerada de las primeras leyes de la Transición y solo tuvo el voto en contra, precisamente de Alianza Popular y Euzkadiko Ezkerra.

Esta ley de Amnistía, fíjense, ha impedido que desde entonces se puedan condenar actos tan crueles, como delitos de lesa humanidad, genocidio, etc, y cometidos en la época franquista, tanto es así, que organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional solicitaron en repetidas ocasiones al Gobierno la derogación de la norma por considerarla incompatible con el Derecho internacional, pues impide juzgar delitos considerados imprescriptibles.

Por ello, y en resumen, podemos decir que la Amnistía :

  1. No tiene encaje Constitucional.
  2. Que efectivamente tiene antecedentes, la Ley de Amnistía del año 1977. Genéricamente se ha venido aplicando en el campo de la exención fiscal, no penal.
  3. Que la aplicación de la única Ley de Amnistía, precisamente, no han sido bien acogida por condonar conductas en época Franquista.
  4. ¿Sería por tanto recomendable “condonar” estos comportamientos?, que atentarían, en su momento, y de forma meridiana contra el Código Penal, o ¿sería recomendable que previamente, en este orden, se legislara, con las adendas, modificaciones que fuera necesarias? ¿Es recomendable incluir esta figura, como forma de obtener la indulgencia, por aplicación, solo, del Poder Político? Queda abierto el debate.

Como habrán podido oír, el 29 de septiembre entra en vigor la nueva ley de bienestar animal, que obliga a los propietarios de perros a contratar un seguro de responsabilidad civil, algo que hasta ahora sólo estaban obligados aquellos que poseían un perro considerado de raza peligrosa, los demás propietarios quedaba exonerados de esta obligación.

Vista el crecimiento atroz de diversas mascotas en los distintos hogares, se ha tratado de regularizar su tenencia. En 2023, el número de perros y gatos registrados asciende a 15 millones, un aumento del 38% en los últimos tres años, según los datos de la asociación Afaac. De este total, 9,3 millones son perros.

Hasta la fecha, si un animal, perro o cualquier otra mascota, causaba un daño a terceros, era el propietarios quien, con su patrimonio respondía frente al perjudicado/a. El problema evidentemente nacia cuando el propietario se declaraba insolvente ante la reclamacion por lo daños y perjuicios causados, de ahí que la nueva ley imponga la obligación de contratar este seguro.

Como saben, el seguro de responsabilidad civil es una póliza que cubre el daño que puede provocar cualquier perro o mascota a terceras personas o cosas. Pueden ser tanto daños materiales o lesiones corporales a otra persona. La novedad, todo un acierto en opinión de Bufete Carmona – Abogados es que este seguro cubre no solo al propietario del animal por la responsabilidad civil que en su caso proceda sino también al poseedor ocasional. Es decir, también cubre a la persona que en un momento determinado saca a paseo el animal.

Como es natural en todo tipo de seguros, si el animal en cuestión causa un daños, será el seguro de responsabilidad civil contratado el que se haga cargo de los daños y perjuicios irrogados, siempre y cuando no se constate acto negligente alguno por parte de la persona que porte en ese momento el animal, como por ejemplo, tenerlo suelto, si correo, etc.

Esta cobertura de responsabilidad civil del perro puede encontrarse en algunos seguros de hogar, aunque, si no la incluye, puede pedirse como un extra, con la adición correspondiente en su prima anual.

Desde Bufete Carmona – Abogados se recomienda la contratación, ya sea con la adición correspondiente y partidas obligatorias en el seguro de Hogar o bien mediante seguro independiente, aunque parece que, si bien al prima es más elevada, parece que cubra otras eventualidades como la asistencia veterinaria, la de indemnización frente a pérdida o robo de la mascota, o la defensa jurídica en caso de denuncias en las que pueda estar implicado el animal. 

A parte de la de no estar en posesión del correspondiente seguro, que puede constituir una sanción de entre 500 a 10.000 euros, una vez entrada en vigor la nueva Ley, se penalizaran conductas tales como 

  • La no recogida de los excrementos del perro.  Aquí la cantidad es muy variable, ya que depende de cada ciudad, pero está entre los 60 y los 3.000 euros, de modo que no recoger las deposiciones de nuestro perro en la calle nos supondrá un buen disgusto.
  • Dejar al perro suelto sin supervisión puede costarnos muy caro, con la nueva ley se prevén multas de 500 a 10.000 euros por dejar al perro suelto sin supervisión por la calle
  • Si no comunicamos la pérdida del animal en 48 horas, se considerará abandono. En la actualidad ya es obligatorio identificar a los perros con chip, de forma que si se nos pierde o nos lo roban hay que notificarlo a las autoridades en un máximo de dos días. Si no lo hacemos así y lo encuentran estaremos incurriendo en una infracción grave cuya multa va de los 10.001 a los 50.000 euros

¿CUANDO DEBO TENER EL SEGURO?, TODAVIA NO

Esta obligación estaba previsto que entrase en vigor seis meses después de su aplicación en el BOE, es decir, este 29 de septiembre. Sin embargo, según un comunicado emitido por el director de la Dirección General de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, la obligatoriedad de tener contratado un seguro de responsabilidad civil por tenencia de perros se retrasará más allá de esta fecha.

No resulta efectivamente aplicable hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de dicho precepto. La Ley de Bienestar Animal necesitaba un reglamento específico complementario que tratara todas las características del seguro, de la formación y del registro estatal. Sin embargo, a menos de 15 días de que entre la ley en vigor, este reglamento no está disponible, el Gobierno en funciones no puede activar estas medidas.

Si tiene alguna duda en relación a este artículo, puede consultarnos al teléfono del despacho Bufete Carmona – Abogados, telf.. 952 70 06 86.

Dentro de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la constitución, se encuentras el llamado “delito de Odio”, delito con especial trascendencia a raíz de los hechos acontecidos en el partido de futbol que disputaba el Real Madrid en Mestalla, el campo del Valencia CF, con el jugador Vinicius Jr.


En nuestro despacho, Bufete Carmona – Abogados
, vamos a tratar de dar respuesta a los interrogantes que nos podemos hacer en relación a este ilícito comportamiento, ¿cuándo cometemos el delito?, ¿Qué condena recae sobre los autores?, etc. ¿Puedo entrar en prisión por menospreciar a una persona por razón de su raza?. La respuesta es tajante, ABSOLUTAMENTE. Para ello, lo primero que tenemos que saber es lo que tipifica nuestro Código Penal. Establece el Art. 510 del Código Penal, Artículo 510

  1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:
    a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad odiscapacidad.

¿Cuándo se comete el delito?


Se deduce que el comportamiento susceptible de reproche penal, podría ser, el cometido por cualquier persona que lleve a cabo una conducta tendente a fomentar públicamente al odio por motivos racistas, sin más. La última modificación, la que opera desde el 14/07/2022, castiga comportamientos contra grupos que con la redacción anterior quedaban sin amparo, tales como, la etnia gitana y la aporofobia, desprecio hacia el pobre.

¿A quién debe ir dirigido?, ¿debo hacerlo con intención?

Para que se cometa el delito debe :


1.-) El elemento nuclear del hecho delictivo consiste en la expresión de epítetos, calificativos, o expresiones, que contienen un mensaje de odio que se transmite de forma genérica.
2.-) Basta solo, con la generación de un peligro, para la persona ofendida o para la sociedad.
3.-) Debe proferir expresiones que, por su gravedad, hiera sentimientos comunes a la ciudadanía.
4.-) Muy importante, no requiere de un dolo especifico, es decir, no requiere que tengamos la intención o no, de causar un mal.


¿Nos puede amparar en este caso la libertad de expresión?


La respuesta es rotunda, NUNCA. Aunque la libertad ideológica y la libertad de expresión protegen la libre expresión de las ideas, incluso rechazables y molestas para algunas personas, en ningún caso tales libertades pueden dar cobertura al
menosprecio y el insulto contra personas o grupos, o la generación de sentimientos de hostilidad contra ellos.


¿Qué pena conlleva el delito de odio?

Este delito está establecido en el artículo 510 del Código Penal, en el que se establece que el castigo para quienes promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra una minoría sea de pena de prisión de uno a cuatro años y una multa de 6 a 12 meses.


¿Es posible erradicar el racismo?


Evidentemente, una aplicación, sin restricciones, de la literalidad de este artículo promueve su mesura. Se trata de un comportamiento que lleva a aparejada una pena de prisión que puede ir de 1 a 4 años de privación de libertad y además una pena de multa, cuantiosa, todo ello en función de determinadas circunstancias, daño causado, a que personas, el medio utilizado para difundir el menosprecio o la reincidencia, pero es un delito por el que fácilmente, cualquiera, puede entrar en prisión. En este caso, la violencia y el racismo en el futbol debe y puede ser perseguida sin paliativos, más aun con la ayuda de los medios informáticos con los que se cuenta, pero para ello, los equipos debe proveerse de los medios necesarios, como requisito necesario para poder disputar una competición.

La conciencia social de que, en esta sociedad no deben tener cabida ciertos comentarios, cada vez más patente pero, sobre todo, el castigo duro que la aplicación del Código Penal promueve ante este tipo de comportamientos, hace, sin lugar a
dudas, que esta conducta, al menos se mitigue en el tiempo. Pueda servir como ejemplo, el conducir con los efectos del alcohol, comportamiento este que se había convertido en algo habitual, pero el endurecimiento de las penas, ha
disminuido, no erradicado, este tipo de conductas.
En los próximos días iremos conociendo los pormenores de la investigación que se viene impulsado desde las distintas fiscalías para la detención de los autores de los hechos contra el jugador, y estaremos pendiente tanto de la instrucción como de las diligencias de investigación que se practiquen en el seno del procedimiento penal iniciado, pero no descartamos un castigo ejemplarizante dada la entidad de los hechos, el medio, la publicidad, el daño causado, y en su caso, la existencia de antecedentes penales de los acusados.


Si tiene alguna duda en relación a este artículo, puede consultarnos al teléfono del despacho Bufete Carmona – Abogados, telf.. 952 70 06 86.

La Sala de lo Penal ha estimado, en sentencia de 26 de marzo de 2017, el recurso de la Fiscalía contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, de 28 de septiembre de 2016, que revocó a su vez la condena por delito contra la seguridad vial impuesta por un Juzgado de lo Penal de Toledo a un hombre por conducir un coche por una carretera de la provincia “siendo plenamente consciente de la imposibilidad que le afecta para la conducción de vehículos a motor, por no haber obtenido en ningún momento permiso de conducir o licencia que le habilite oficialmente para conducción de vehículos a motor”.

La Audiencia absolvió al conductor al destacar que no había puesto en riesgo la seguridad vial, ni cometido ninguna maniobra antirreglamentaria. Añadía que el legislador no ha dibujado claramente la línea de separación entre el delito y la infracción administrativa en estos casos.

Ante las discrepancias entre varias audiencias provinciales sobre la cuestión, el Pleno de la Sala II ha decidido estudiar el recurso de la Fiscalía, cuyo objeto era determinar si el delito de conducción de un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción (artículo 384 del Código Penal) es un delito de peligro abstracto o concreto, y si fuera lo primero, si se consuma con la mera realización de la conducción referida, o si se trataba de lo segundo, si exige que se haya producido un peligro real para la seguridad vial.

Se trata de un delito de peligro abstracto

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, establece que se trata de un delito de peligro abstracto: “De la lectura de dicho precepto no se desprende exigencia alguna de un peligro concreto para la seguridad vial, sino la realización exclusivamente de la conducción de un vehículo de motor sin la correspondiente habilitación administrativa, por no haberla ostentado nunca quien pilota tal vehículo de motor”.

“El riesgo abstracto para el bien jurídico protegido resulta, por consiguiente, de la conducción sin poseer la habilitación teórica y práctica y sin haberse comprobado las capacidades física y psíquica en el conductor, lo cual incrementa, como es natural, el riesgo para los demás usuarios de la vía, por sí peligrosa y causante de una alta siniestralidad, cuya reducción pretende la norma”, añaden los magistrados.

“No estamos ante una conducta punible cimentada sobre un injusto meramente formal derivado de una infracción administrativa, sino ante la protección de la seguridad del tráfico vial mediante conductas, como la que es objeto de nuestra atención casacional, que suponen la creación de un riesgo indudable, aunque de características abstractas y no concretas, para la seguridad vial”, señala la sentencia.

Por ello, bajo la consideración de que se trata de un delito abstracto, la conducta se consuma cuando se conduce careciendo de la oportuna habilitación administrativa (permiso o licencia), sin que tenga incidencia, para el Supremo, el no haberse cometido infracción vial alguna, ni haberse realizado maniobra antirreglamentaria, como parece exigir la Audiencia Provincial de Toledo.

El alto tribunal indica que la Audiencia de Toledo, en su sentencia, ha construido unos requisitos que en modo alguno el legislador exige para colmar la conducta típica del delito, que precisa que el autor jamás haya obtenido permiso de conducir. Por eso ha de excluirse del radio de acción del nuevo tipo penal a quien posee permiso en el extranjero, tanto a aquellos correspondientes a países comunitarios como extracomunitarios, o un permiso internacional.

No es una infracción administrativa

El Supremo discrepa también de la Audiencia en que la conducta que sustenta el delito del artículo 384.2 del Código Penal, aplicado en este caso, sea exactamente la misma que la que se define en la Ley de Seguridad Vial como infracción administrativa muy grave. “El tipo penal —señala la sentencia– sanciona la conducción de un vehículo a motor careciendo de todo permiso o licencia por no haberlo tenido nunca o por haber perdido vigencia por la pérdida total de los puntos asignados legalmente, mientras que el tipo administrativo se refiere a carecer de la autorización administrativa correspondiente, es decir, puede tenerse pero no es adecuada a las características del vehículo con el que se circula, conforme a las diferentes modalidades que se determinan legalmente y las circunstancias propias del caso. Como dice el Fiscal, todo ilícito penal en esta materia parte como mínimo de una infracción administrativa, pero no a la inversa”.

La Sala II anula por tanto la sentencia absolutoria de la Audiencia de Toledo y condena al conductor por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de 2.160 euros. El artículo 384 del Código Penal, por el que es condenado, prevé penas de tres a seis meses de prisión o multa de doce a venticuatro meses, o con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. El Supremo ha optado por la multa de 12 meses con una cuota diaria de 6 euros.

Fuente: http://noticias.juridicas.com

La empresa responde por el ciberdelito de sus empleados si no ha adoptado las medidas de prevención necesarias

23/02/2018

Los delitos cometidos por un empleado contra la privacidad de los datos personales y contra la seguridad de los sistemas de información pueden generar responsabilidad penal de la empresa para la que trabaje, si ésta no ha adoptado las medidas de prevención necesarias para evitar su comisión.

Así lo puso de manifiesto la fiscal jefa de Sala del Tribunal Supremo y coordinadora nacional contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada, durante las VII Juntas de Gobierno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que concluyeron ayer en Granada.

“Hay una normativa de protección de datos que hay que cumplir y si su incumplimiento implica responsabilidades delictivas, podría derivarse de él la responsabilidad penal de la persona jurídica”, relató Tejada en una de las ponencias que más interés generó a lo largo de los dos días de las jornadas (especialmente tras los ciberataques masivos de las últimas semanas).

La última reforma del Código Penal incorporó al título que ya incluye la protección de los delitos contra la protección de datos dos nuevos tipos que sancionan los ataques a los sistemas de información.

“Acceder a un sistema, aunque no lleguemos a los datos que contiene, ya está tipificado como delito. También la interceptación de las comunicaciones entre sistemas”, explicó la fiscal, quien subrayó que estos tipos se encuentran dentro de la lista cerrada de delitos que generan responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La “negligencia” en la adopción de las medidas de prevención necesarias (dentro de los programas de compliance) puede derivar, si uno de sus empleados comete estos delitos, en una condena para la empresa.

Los expertos que intervinieron junto a Tejada pusieron especial énfasis en las medidas de prevención y de respuesta en materia de ciberseguridad y en su estrecha vinculación con las nuevas exigencias que introduce el Reglamento General del Protección de Datos (que estará vigente el 25 de mayo de 2018) y los programas de compliance.
Sanciones millonarias

En la actualidad, se estima que la ciberdelincuencia es el segundo negocio ilegal más lucrativo, solo por detrás de la venta de armas, y multiplicando por tres el dinero que mueve el tráfico de drogas.

“La denuncia es un medio más, pero no la solución. La solución es tener protocolos de respuesta, saber exactamente qué hacer las 24 horas siguientes a un ataque. Hay que tener un plan de reacción. Luego sí, denunciar e investigar, pero esa no puede ser la única solución”, incidió la jefa de la Sección Técnica de la Unidad de Investigación y Tecnología de la Policía Nacional, Silvia Barrera.

A los riesgos económicos y reputacionales que implica ser más vulnerable ante un posible ciberataque, hay que añadir la posibilidad de ser sancionado por no haber adoptado las medidas de protección exigidas por el Reglamento de protección de datos. Las multas, con esta norma, podrán alcanzar los 20 millones de euros o el 4% del volumen anual de negocio.

 

Fuente: http://www.eleconomista.es

24/09/2018

Tenga en cuenta nuestro asesoramiento si se ve envuelto en un accidente de tráfico.-

Son momentos de mucho nerviosismo, por pequeño que sea el golpe, la situacion no suele ser nada agradable por lo que tendemos a bloquearnos y dejar pasar detalles que serán de gran ayuda posteriomente si queremos que nos indemnice la compañía aseguradora en el supuesto de resultar lesionado.-

1.-) Lo primero es requerir la asistencia de los profesionales médicos si hay algun herido.

2.-) En segundo lugar, si el accidente ha ocurido dentro de la ciudad o fuera solicitar la comparecencia de los Agentes de la Autoridad, ya sea Policia Local o Guardia Civil, elaborarán Atestado o Diligencias a Prevencion que será determinante en lo sucesivo.

3.-) Ver si hay testigos del accidente, requerirles para que aguarden a la llegada de los Agentes.

4.-) Suscribir parte amistoso de accidente, el causante del siniestro debera reconocer su culpa en el mismo parte, la firma del causante del accidente debera ser la misma que la que obra en su DNI.

5.-) Si hemos sufrido lesiones, debemos acudir al centro médico mas cercano, es fundamental para poder probar que las lesiones que nos han causado es consecuencia del accidente, en terminos juridicos, poder desmostrar lo que se llama criterio cronológico.

Si tiene alguna duda, consúltenos a Bufete Carmona – Abogados, especialistas en Accidentes de Trafico, 952 70 06 86

31/03/2020

Desde nuestro despacho (Bufete Carmona – Abogados), queremos tratar un tema de enorme actualidad que viene provocado por la Pandemia del COVID-19, la cual venimos atravesando y que en definitiva afecta directamente a muchas familias y que aboca a la triste necesidad de acudir, en última instancia, a los Tribunales para solicitar la REDUCCIÓN DE LA CUANTÍA DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS a favor de los hijos, debido al empeoramiento de la capacidad económica del alimentante.

Lo explicaremos todo con un Ejemplo para facilitar su comprensión.-

José Luis se divorcio hace 10 años, en el Convenio Regulador que se suscribió se estipuló una Pensión de Alimentos a favor de su hijo Pedro de 400 euros. Entonces, trabajaba en una empresa de fabricación de automóviles.

Antes de nada hemos dejar bien claro los requisitos que viene considerando la Jurisprudencia de los Tribunales de Familia para que una demanda sobre modificación de medidas en la cual se interese la reducción de la pensión alimenticia tenga éxito, estos requisitos son:

PRIMERO.- Se tiene que producir un cambio sustancial en las condiciones personales y económicas del progenitor obligado al cumplimiento de la pensión alimenticia, en relación al momento en que se establecieron las medidas de familia que están en vigor y que rigen hasta la fecha en virtud de Resolución Judicial, por ejemplo, quedarse en situación de desempleo o verse reducidos sustancialmente sus ingresos y recursos, con motivo de la tramitación de un Expediente de Regulación de Empleo.

Ejemplo.- En nuestro supuesto, en la empresa de José Luis se ha tramitado un Expediente de Regulación de Empleo con motivo de la actual situación de Estado de Alarma. Desde este momento los circunstancias económicas de José Luis se han alterado sustancialmente. Antes cobraba 1800.-Euros y ahora 950.-Euros.

SEGUNDO.- Es importante que dicho cambio no sea provocado por el progenitor, sino que se trate de situaciones sobrevenidas. Esta petición es totalmente legítima, ya que la pensión de alimentos tiene que ser proporcional a los ingresos de quien los da y de quien los recibe.

Ejemplo.- Es evidente que la situación de Desempleo de José Luis es sobrevenida.

TERCERO.- Que sea un cambio que el progenitor no pudiera prever y que se considera que le afecte de un modo permanente, no se refiere a una situación esporádica.

Por lo que aquí cabria distinguir entre un ERE y un ERTE.

Por ejemplo, si José Luis es afectado por un ERE podría pedir una modificación de medidas para reducir la cuantía de la pensión de alimentos, existiendo visos de que prospere su acción dada la permanencia de su situación laboral la cual ha derivado en extinción de la relación laboral o suspensión de empleo por causas económicas o de producción.

En cambio si el alimentante es afectado por un ERTE como su propio nombre indica, se trata de situación temporal debido a las circunstancias excepciones que se atraviesan, con la perspectiva de que debido al periodo temporal del que se trata las circunstancias que acaecen actualmente tiendan a desaparecer, y se vuelva a la normalidad en un corto periodo de tiempo con la consiguiente vuelta a la actividad laboral y con los ingresos habituales, de ahí que en este caso se pierda ese requisito de permanencia y perdurabilidad que se requiere para que se proceda a la reducción.

Ejemplo.- En nuestro supuesto se daría una situación de indeterminación, porque en definitiva no se sabe si José Luis será readmitido en la empresa o no. Si finalmente no lo fuera, se encontraría en el mismo supuesto que el anterior, pudiendo instar la modificación y reducción de la pensión de alimentos ante los Tribunales; si finalmente fuera de nuevo contratado y las condiciones económicas volvieran a ser las mismas, debería seguir pagando la pensión de alimentos. Si fuera readmitido y las condiciones económicas fueran sensiblemente inferiores, en el mismo sentido podría solicitar la reducción.

CUARTO.- Tiene que referirse a hechos objetivos y que el progenitor ha de probar, no basta con alegarlos.

Particularmente, velando por el interés de los menores, adaptándonos a las circunstancias económico-laborales con carácter temporal del obligado al cumplimiento de la pensión alimenticia, y con el objeto de no saturar los Tribunales de Familia, el criterio de este despacho dadas las circunstancias actuales es que ambos progenitores deben ser flexibles con la actual situación aconsejándose que solucionen esta situación de forma consensuada y extrajudicialmente, procurando un progenitor adaptarse a las actuales circunstancias del otro progenitor obligado al abono de la pensión de alimentos, el cual ha podido ver drásticamente reducidos sus ingresos de forma temporal, pudiendo acordar ambas partes entre ellos que se proteja el interés del menor con la entrega de una cantidad proporcional que se ajuste a los actuales medios económicos del alimentante y a las necesidades del alimentista que concurren temporalmente, con la posibilidad de que se prorrateen las cantidades que se adeuden en concepto de pensión alimenticia en las sucesivas mensualidades cuando se reanude la actividad laboral poniéndose al día con las cantidades adeudadas el alimentante más adelante, quedando de esta manera salvaguardado el interés del menor en base al principio “favor filii” y siendo flexibles con la situación del progenitor alimentante el cual ha visto temporalmente reducidos sus ingresos económicos por una circunstancia sobrevenida y excepcional.

Para más información, no dude en contactarnos (Bufete Carmona – Abogados).

  • Telf.- 952 70 06 86
  • Whatsapp.- 654 78 21 27 bufete@bufetecarmona.com

07 / 04 / 2020

Nos encontramos en momentos muy difíciles para la sociedad en general, los días son largos, la incertidumbre y el miedo por la crisis sanitaria están presente en el día día, pero especialmente hay un colectivo vulnerable de nuestra sociedad que lo está sufriendo sobremanera, y nos referimos, a todas aquellas mujeres que vienen arrastrando una complicada situación familiar desde antes de la declaración de Pandemia por el Covid-19.

Al colectivo al que nos referimos son todas aquellas mujeres que hoy se encuentran en convivencia con la violencia y los malos tratos, aquellas mujeres que piensan no tener otra opción que callar y aguantar gritos, insultos, golpes y abusos, incluso en situaciones tan complicada como la actual.

Debemos Informar a este colectivo, que existe y sigue activa una plataforma que vela por sus intereses en situaciones ademas, de tanta excepcionalidad como es el Estado de Alarma. El Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, establece una serie de medidas destinadas a garantizar el mantenimiento y prestación de los servicios de asistencia y protección integral de las víctimas de violencia de género, adaptándolos a las circunstancias excepcionales derivadas del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Asimismo y desde este Blog de Bufete Carmona – Abogados, debemos transmitir a este Colectivo que se mantiene como siempre el asesoramiento jurídico 24 horas, telefónica en línea, servicios de teleasistencia y asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social destinadas a las víctimas de violencia de género, adaptándolos igualmente, en su caso, a la necesidades excepcionales derivadas del Estado de Alarma. Compete a las Administraciones Públicas asegurar el normal funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros para víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.

Además, el Real Decreto-ley refuerza y amplia los servicios de acogida a las víctimas de violencia de género. Con una nueva alternativa de alojamiento seguro para las víctimas, que podrán alojarse en hoteles, si los servicios de acogida no tienen disponibilidad. En el supuesto de abandonar el domicilio para garantizar la protección de la víctima y de sus hijos, podrán ingresar en dichos centros, que cuentan con equipos de protección individual para evitar posibles contagios de las víctimas.

Así, las comunidades autónomas y entidades locales destinarán los fondos que les correspondan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y les corresponde poner en marcha proyectos o programas preventivos y asistenciales que, en el contexto del estado de alarma, tengan como finalidad garantizar la prevención, protección y la atención frente a todas las formas de violencias contra las mujeres.

El servicio de asistencia a las víctimas de violencia de género, es un servicio esencial, conforme al art. 2a de la Ley 8/2011, de 28 de abril.

El equipo de Bufete Carmona – Abogados queremos sumarnos a la lucha contra la violencia de género, hoy aún más nos solidarizamos con ese Colectivo de Mujeres que están en contacto continuo con el agresor por el obligado confinamiento motivado por el Estado de Alarma. Apoyamos y difundimos la iniciativa “Mascarilla 19”, acción impulsada por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias en colaboración con el Gobierno de Canarias, desde donde se ha ido extendiendo a otras Comunidades Autónomas y puntos de España como País Vasco, Andalucía, Navarra, Cantabria, Ceuta o Melilla, entre otras.

Si no puedes realizar llamadas, descarga la App ALERTCOPS botón SOS en la aplicación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ante una situación de peligro, enviará una señal de alerta a la policía con tu geolocalización.

– 016 (Teléfono de atención a víctimas de violencia de género)

– 112 (Emergencias) – 091 (Policía Nacional)

– 062 (Emergencias Guardia Civil)

– 900116016 (Teléfono de atención para mujeres con diversidad auditiva y del habla)

– Por WhatsApp 682916136 y 682508507. Teléfonos de apoyo emocional inmediato

– Por correo electrónico 016-online@mscbs.es